PAÍS: MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA MIRA

Lecciones morales

Con frecuencia, la ceguera política impide advertir que si oscuros nubarrones se ciernen en el horizonte, lloverá para todos. Sucede, por ejemplo, cuando se demoniza a los movimientos sociales y se los exhibe ante una sociedad agobiada por el discurso clasista y discriminatorio de la maquinaria mediática, como bandas de marginales violentos que pretenden vivir a costa del erario público. Es evidente que no se está atacando sólo a los supuestos beneficiarios de presuntas prácticas clientelísticas, sino a todos aquellos que reivindican el derecho a resistir y organizarse que les asiste a quienes padecen inequidades e injusticias.



MIEDOS. El titular de la UCR visita a Elisa Carrió: coincidencia en la denuncia de una escalada de violencia política.

La experiencia histórica demuestra que, desde la Semana Trágica y la huelga de los peones rurales patagónicos hasta las movilizaciones piqueteras de los primeros años de este siglo, cada vez que se pretendió deslegitimar la protesta social o criminalizarla se recurrió al argumento de la existencia de amenazantes bandas armadas para justificar la represión que sobrevendría. Las decenas de muertos que ensangrentaron las calles de Buenos Aires, los centenares de fusilados en las estancias del sur y las jóvenes vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán tronchadas en la estación Avellaneda son pruebas elocuentes de que los señalados como potenciales victimarios fueron a la postre las verdaderas víctimas.
De allí que las exaltadas denuncias contra la organización autogestionaria Tupac Amaru a la que caracterizó como una mafia fuertemente armada vinculada con el narcotráfico, formuladas por el senador Gerardo Morales, ante una agresión –para nada justificable– de un grupo de manifestantes que le arrojó huevos y útiles de oficina en un acto del que participaba en la ciudad de San Salvador de Jujuy, no deban ser evaluadas como un episodio aislado fundado en la obnubilación que le produjo el hecho, sino como la expresión concreta de una operatoria destinada a deslegitimar todo reclamo popular que no se canalice a través de los partidos tradicionales, única forma de representación que el dirigente admite y reivindica.
Es posible que, como señalan algunos analistas, las acusaciones –que no refrendó con pruebas– estén relacionadas con la búsqueda de un perfil más agresivo en la interna de su partido, donde debe enfrentarse con el oportunismo del vicepresidente Julio Cobos, quien no vacila en acumular aliados en las más diversas canteras. Pero, sin duda, su airada reacción evidencia la repugnancia que le inspiran quienes han decidido pelear por su sustento mediante la constitución de cooperativas y otras formas asociativas que ponen en cuestión la lógica del mercado. Por eso se indigna contra los insolentes que «ya tienen empresas de transporte» y pretenden «entrar en el negocio del barrido y limpieza», ámbitos que, en su concepción, deben quedar reservados para las empresas privadas.

Alarmas

En la misma sintonía, su colega de la Coalición Cívica-ARI, María Eugenia Estensoro, perpetró un complejo sofisma: «Venga de donde venga la violencia siempre es repudiable. Pero cuando es ejercida por el Estado es mucho más grave porque deja indefensa a la sociedad. Y si el grupo que recurre a la violencia es financiado y promovido por el Estado, es un grupo paraestatal, y también es muy peligroso». No existen antecedentes de que la legisladora haya manifestado su alarma cuando grupos de ruralistas, perfectamente identificados, cortaban rutas, incendiaban neumáticos, destrozaban parabrisas de camiones, o agredían a los parlamentarios que no eran funcionales a sus reclamos, ni de que se haya pronunciado contra los subsidios que en una proporción mayor recibieron algunos grupos empresarios, entre ellos muchos de los que protagonizaron la protesta contra la resolución 125.
Por su parte, la –por ahora– incondicional aliada de Morales, Elisa Carrió, manifestó claramente qué es lo que piensa sobre los sectores más desposeídos al fundamentar su rechazo al proyecto oficialista de asignación por hijo de padres sin cobertura social o desocupados: «Si se aplica, vamos a ver a chiquitos de tres años en las marchas por un choripán», enfatizó.
No es casual que esta desvalorización de los movimientos sociales vaya acompañada de una sutil pero persistente campaña de descrédito de los organismos defensores de los derechos humanos, a los que las distintas fuerzas de derecha caracterizan como parte del armado oficialista, obviando los más de 30 años de coherente accionar que han posibilitado avanzar en el castigo a los genocidas.
Así, Carrió calificó de «fascismo puro» a la ley para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de identidad, que permite obtenerlo de objetos de uso diario como peines o cepillos de dientes, sin que los jóvenes que podrían ser hijos de desaparecidos deban someterse a la extracción de sangre. Según la líder cívica, «se trata de una venganza personal» contra Ernestina Herrera de Noble, principal propietaria del Grupo Clarín, sospechosa de haberse apropiado de dos menores que le habrían sido entregados durante la última dictadura militar. El proyecto, señalaron las Abuelas de Plaza de Mayo, «se propone resolver rápidamente y de manera eficaz la identidad de los nietos que están siendo rehenes de sus apropiadores».
Esta descripción de una sociedad sometida a un gobierno autoritario que se burla de la división de poderes, urde escarmientos contra sus enemigos, cercena la libertad de expresión a través de «leyes mordaza», instrumenta y utiliza a los pobres, persigue a los ricos y tiene como modelo al chavismo venezolano, no se compatibiliza con los datos de la realidad.
En verdad, el kirchnerismo no ha alterado los mecanismos institucionales ni sostenido conflictos con los demás poderes; se limitó a impulsar en el Congreso una Ley de Medios Audiovisuales diseñada por un amplio espectro de organizaciones vinculadas con el tema y aprobada por una holgada mayoría parlamentaria; enfatiza la acción reguladora de un Estado fuerte, pero no se propone transformar radicalmente el sistema económico sino que apuesta al desarrollo industrial a través del crecimiento del mercado interno y la exportación de productos con valor agregado; aún no ha logrado avanzar en una más justa distribución de la riqueza y mantiene armoniosas relaciones económicas y diplomáticas con todos los países del continente, incluido Estados Unidos.
Por otra parte, su carácter hegemónico no deviene de imposiciones dictatoriales sino de la propia ineficiencia de la oposición para convertirse en una alternativa creíble, al punto de que aún habiendo derrotar al oficialismo en los principales distritos del país en últimos comicios, no ha sido capaz de elaborar una sola iniciativa que pudiese ser discutida en el Parlamento y ha centrado su accionar en corregir o impugnar las de la fuerza que gobierna.
No puede extrañar entonces, que quienes se conformaron con fustigar y satanizar al adversario y no consiguieron siquiera elaborar una plataforma común, atraviesen hoy por una situación difícil. En el Acuerdo Cívico y Social, la decisión de Carrió de fortalecer su endeble liderazgo mediante la conversión de la Coalición Cívica en partido y la embestida de quienes propician la candidatura de Cobos para 2011, han profundizado las grietas preexistentes. En tanto, el peronismo disidente no logra consolidar su precaria estructura y sufre deserciones en su bancada cuando todavía no han jurado los legisladores electos. El acto del Día de la Lealtad que promovió ese sector prometía ser una expresión de unidad pero estuvo plagado de ausencias, en tanto Mauricio Macri, uno de los principales fogoneros de la entente, fue mencionado sólo para desestimar su influencia y provocar silbidos y abucheos.
El panorama expuesto parecería confirmar una definición del economista estadounidense John Kennet Galbraith: «Es más redituable tener un ancla firme en la pavada que ponerla en el perturbado mar del pensamiento».

Daniel Vilá

Watergate porteño

Nada hay más difícil que explicar lo inexplicable. Lo comprobó recientemente el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien –secundado por sus ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowsky– se vio en figurillas para improvisar respuestas convincentes a elementales interrogantes acerca de las funciones que cumplía en la administración porteña el presunto jefe de una organización de espionaje descubierta por el juez federal Norberto Oyarbide. Los espías, con la aparente complicidad de un magistrado misionero, procedieron a pinchar los teléfonos de Sergio Burstein, miembro de la asociación de Familiares y Amigos de las víctimas del atentado de la AMIA y del empresario Carlos Ávila.
Oyarbide había comprobado fehacientemente que, durante el período en el que se produjeron las escuchas ilegales, Ciro James, el espía en cuestión que se desempeñaba formalmente como asesor jurídico en el área educativa de la ciudad, mantuvo cerca de 150 comunicaciones con un celular perteneciente a la agencia de seguridad ARPA, regenteada por el comisario retirado Jorge «Fino» Palacios y hablaba permanentemente utilizando la antena más próxima a la Policía Metropolitana y al ministerio que encabeza Montenegro. Sin embargo, los funcionarios alegaron que desconocían que James fuese miembro de la Federal, aunque reconocieron que estaba a punto de ingresar en la estructura de la Policía Metropolitana, donde constaban sus antecedentes policiales. El propio jefe de la fuerza, Osvaldo Chamorro admitió haber recibido frecuentes llamados del postulante para conversar sobre su incorporación, una práctica por lo menos curiosa.
Ante la falta de argumentos –Narodowsky no supo establecer con precisión qué hacía un especialista en inteligencia en el área a su cargo– la estrategia macrista se centró en quitarle importancia a la cuestión y ubicarse en el papel de víctimas. «Hemos encontrado micrófonos muchas veces en el Gobierno de la Ciudad», contó Macri, pero no dijo por qué nunca hizo la denuncia. A continuación se aplicó a exponer una teoría conspirativa según la cual el jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Aníbal Fernández, y la Policía Federal habrían infiltrado sus filas como parte de un operativo de desprestigio destinado a impedir que la Metropolitana salga a la calle, aunque no quedó demasiado claro cual sería el interés de los complotados en conocer el contenido de las conversaciones telefónicas de Burstein y Ávila.
Para tranquilidad de los vecinos porteños que ya han podido comprobar la eficiencia de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un «cuerpo de elite» metropolitano que se dedica a apalear indigentes, Macri ha ratificado que, contra viento y marea, la Metropolitana estará en funciones a fines de noviembre.

PAÍS: SALIDA DE CAPITALES

Por la vuelta

Fueron dos años de una intensa sangría de dólares, pero en los últimos dos meses la economía argentina exhibió un panorama inusual: se redujo a cotas mínimas el repudio al peso, aún sin revertirse del todo. Esa renovada desdolarización y liquidez bastó para alentar la fiesta bursátil y la fuerte recuperación de los títulos públicos, con su contracara de derrumbe del «riesgo país». El Banco Central, así, empezó a recuperar gran parte de las reservas perdidas, mientras giraron 180 grados las presiones alcistas sobre el tipo de cambio.



PUNTA COMPRADORA. El Banco Central recuperó en los últimos tres meses los 1.548 millones de dólares que el Estado había pagado por los Boden.

El Gobierno Nacional remarcó la vuelta de la confianza. Los opositores, a su vez, insistieron en atribuir la rotación únicamente al respiro de la crisis mundial, que atrajo al país a inversores ávidos de rentabilidades inexistentes en el Norte.
Más importante, en términos de actividad y empleo, es que el aluvión de dólares ya empieza a reflejarse en la reducción de las tasas de interés de los préstamos locales. A lo que debe añadirse que en todo este período el tipo de cambio mantuvo su posición de estímulo a la exportación y desaliento a desbordes importadores, más allá de la pérdida de algunos centavos.
Los analistas, sin embargo, alertan sobre el componente especulativo del ingreso de capitales, el mismo que movió a Brasil a tasar la entrada indiscriminada de dólares.
Existen, por lo demás, coincidencias en señalar los rasgos estructurales de la «dolarización de portafolios». Un proceso en el que confluyen los habituales componentes especulativos y el tradicional poder de veto de «los mercados» (los grandes grupos empresarios) a medidas o esquemas de política económica que les resultan inapropiadas.
Los datos estadísticos ubican el momento pico de la salida de capitales (o «cambio de cartera», como le gusta decir al ministro Amado Boudou) en el último comicio legislativo. Lo cierto es que desde julio, en forma tímida, y de agosto en adelante, de manera más clara, empezó a hacerse sentir la permanencia de los dólares en el país.
La fuga de capitales, ya en declive, sumó en agosto a 800 millones de dólares, versus 5.000 millones entre marzo y junio. En setiembre volvió a ceder hasta 450 millones, «un nivel que no se veía desde enero de 2008, de la mano del ingreso de dólares para comprar títulos públicos», comentó la consultora GPS Investment.
El más claro indicador de la «avalancha de dólares», como titularon diarios especializados en temas financieros ante el saldo neto de octubre, fue la evolución de la Bolsa. A fines de ese mes exhibía el punto más alto en 17 meses, con un aumento acumulado en el año de casi 110% para el promedio de las acciones. Esa impresionante recuperación mostró incluso saltos mensuales de dos dígitos en algunos papeles, con picos increíbles de hasta 8% de avance diario. Esa fue la ganancia en dólares que obtuvieron quienes hicieron la apuesta adecuada.
Las acciones que más sobresalieron, al cierre de esta edición, fueron las de la autopartista Mirgor (226%); el banco Macro (184%); el banco Hipotecario (156%); el banco Patagonia (153%); el Grupo Financiero Galicia (147%); el banco Francés (144%); la petrolera Petrobras (134%); la distribuidora eléctrica Edenor (132%); la empresa de telecomunicaciones Telecom (123%); y la siderúrgica Tenaris (114%).
Algo tanto o más exhuberante ocurrió con los títulos públicos, que registraron alzas en el mismo período de 291% (para el Bono de Consolidación sexta serie); 167% (el Bogar 2018); 163% (el Boden 2015); 138% (el Bonar V); 136% (el Bono de Consolidación Previsional cuarta serie); 131% (el Bonar V en pesos); y 119% (los títulos Par en pesos).

Reservas recargadas

Otro costado del fenómeno reciente fue la relativa facilidad con que el Banco Central volvió a operar en la punta compradora del mercado abierto. Al punto que en los últimos tres meses logró recuperar la totalidad de los 1.548 millones de dólares que el Estado nacional pagó a comienzos de agosto por los vencimientos del Boden 2012, según resaltó el informe de la consultora GPS.
La presidenta Cristina Fernández dijo semanas atrás, ante empresarios en Nueva York, que este año se superarán los 46.000 millones de dólares de reservas monetarias, cuando hace tres meses habían caído a 44.514 millones. Los analistas privados van más allá: prevén la pronta recuperación del pico de 47.000 millones alcanzado antes de la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, hace poco más de un año.
Las principales razones que explican el cambio de clima son: a) la percepción de una mejora del perfil de la deuda argentina, que despeja dudas sobre el riesgo de default; b) la mejora de expectativas internas, con las decisiones sobre el INDEC, el Fondo Monetario, el Club de París y los bonistas que no ingresaron al canje de 2005; c) las previsiones de mayor crecimiento en 2010; y d) los rendimientos notoriamente más altos de bonos y acciones en la plaza local, junto con la abundante liquidez en el mercado mundial.
Desde luego, también influyó la decisión política del Gobierno de mantener elevadas reservas, como explicó el jefe del BCRA, Martín Redrado, en contraposición al criterio del FMI. Esa política, según el funcionario, permitió afrontar cuatro incipientes «corridas» contra el peso (en otras palabras, apuestas a la devaluación) desde marzo del año pasado: durante el lock out de los empresarios del campo contra la resolución 125; al profundizarse la crisis mundial, hace un año; cuando se dispuso la reestatización del sistema jubilatorio, a fines de 2008; y antes de las elecciones del 28 de junio pasado.
Lo cierto es que en cada caso fracasó la presión de las fuerzas políticas y económicas conservadoras por condicionar el rumbo y volver a imponer políticas de sesgo neoliberal.

La rebaja esperada

El curso cambiario, monetario y financiero de las últimas semanas tuvo otra consecuencia largamente esperada: el abaratamiento del crédito. Según las estadísticas del Banco Central, hasta setiembre se registró una baja de más de 8 puntos en el promedio de la tasa de interés por adelantos en cuenta corriente, en moneda nacional, a empresas del sector privado no financiero.
Esa disminución, desde más de 22% a 14% anual, coincidió con un importante aumento de los saldos de depósitos a plazo fijo del sector privado, concentrado en las operaciones de montos inferiores al millón de pesos. Todo hace prever que esta propensión se mantendrá en los próximos meses.
La magnitud que asuma la fuga de capitales, de todos modos, será determinante de los niveles de liquidez y crédito, así como del ritmo de actividad. Los pronósticos de «normalidad» en esta materia son variados. El promedio de consultoras privadas cree que el piso estructural de salida de divisas ronda los 500 a 600 millones de dólares mensuales. Contra esos vaticinios, en el Gobierno confían en llegar a fines de 2010 con un nivel de egresos prácticamente marginal.

Daniel Víctor Sosa

ALFREDO T. GARCÍA - ECONOMISTA
Una Nobel progre

De los dos galardonados con el Nobel de Economía 2009, resulta interesante desarrollar los trabajos de Elinor Ostrom, quien además de ser la primera mujer que obtuvo este premio, es graduada en Ciencias Sociales.
Sus aportes teóricos han sido construidos sobre el estudio de ejemplos prácticos, orientados a desmitificar la creencia de que los colectivos gestionan mal los recursos, una idea tradicional. Estudió experiencias de gestión de recursos naturales, y también participó de experimentos sobre las formas de colaboración y sanciones en un grupo orientado a perseguir un fin común.
Se dedicó especialmente a estudiar la gestión de recursos naturales como tierras comunales en México, bosques en India, sistemas de riego en Nepal, pesquerías en Maine y petróleo en Texas, entre otros. Sus observaciones evidenciaron que en la mayoría de los casos, la gestión comunitaria resulta más eficiente que la privatizada, e incluso que la estatal.
Ha elaborado una serie de principios para la buena gobernanza, en los cuales se destacan normas muy similares a las que persigue una buena gestión cooperativa, aunque éste no ha sido su rubro de estudio. Los principios pregonan que la gobernanza es más exitosa cuando el proceso de decisiones es democrático, que las reglas deben definir claramente quién posee qué derecho, que debe haber mecanismos adecuados de solución de conflictos, así como el deber individual de mantener el recurso debe sostenerse en una proporción adecuada con los beneficios recibidos.
Un tema interesante es que Ostrom considera que una vez que un grupo ha establecido un buen funcionamiento de reglas, está en condiciones para colaborar con otros grupos, eventualmente promoviendo la cooperación entre un gran número de personas. Según su opinión, la formación de un gran grupo desde el principio, sin formar pequeños grupos primero, es más dificultosa.
Bienvenido el Nobel de Economía a una científica que ha demostrado la eficiencia de la propiedad común y autogestionada, una forma totalmente opuesta a la capitalista.

SOCIEDAD: EL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS

De venta libre

Hasta hace unos años, el farmacéutico era una voz experta, esa que reemplazaba a la del médico si, por una urgencia, había que ir directamente a comprar un medicamento. Se oían sus recomendaciones, y comprar un remedio sin consultar previamente su opinión era la excepción más que la regla. Sin embargo, las cosas cambiaron en la década del 90: al lado de los perfumes y los pañales de las grandes cadenas de supermercados, empezaron a aparecer jarabes para la tos, cajas de antifebriles de todos los colores y tamaños, al alcance de la mano y lejos del mostrador donde el profesional podía aconsejar sobre su forma de consumo y sus beneficios.



ALTO RIESGO. La venta por canales alternativos a las farmacias impide el control de la procedencia, el vencimiento y la forma de mantenimiento.

Y más aún: se venden blisters de pastillas fuera de las cajas en las que figuran las fechas de vencimientos, al lado de golosinas y cigarrillos, en el caso de los kioscos, o cerca de las bebidas energizantes y las aguas minerales, en los gimnasios.
Sin control de su procedencia, su vencimiento o la forma de su mantenimiento, miles de medicamentos se comercializan por canales alternativos a las farmacias. Un caos sin supervisión por donde se filtran productos adulterados, robados y falsificados.
Hay un proyecto legislativo que contempla estas irregularidades. La Ley Nacional de Medicamentos tiene media sanción en la Cámara de Diputados desde hace casi dos años y recientemente obtuvo despacho favorable de la comisión de salud del Senado, que en todo este tiempo no se ha decidido a tratarla. El debate volvió a tomar impulso tras el caso, recientemente revelado, de la venta de medicamentos adulterados y robados, en el que están implicados droguerías y obras sociales.
Desde el gobierno de Juan Carlos Onganía, que derogó la ley de Medicamentos que, en 1965, había promulgado el derrocado Presidente Arturo Illia, no existe en la Argentina una norma legal que ponga límites al accionar de las multinacionales farmacéuticas. Desde entonces –hace ya más de cuatro décadas–, los laboratorios trabajan eficazmente haciendo lobby para evitar que se avance con una norma de vital importancia para la salud de la población, que ponga fin al tráfico de medicamentos falsificados, adulterados y robados, que tienen como vía de expendio kioscos, supermercados, gimnasios y páginas de Internet.
En el marco de la causa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide sobre la circulación y venta de medicamentos ilegítimos, la Confederación Farmacéutica Argentina exigió a los legisladores que se apruebe la Ley de Medicamentos. «Seguimos reclamando esa herramienta y estamos advirtiendo a los pacientes que los medicamentos los tienen que obtener por medio de su farmacia de confianza –asegura al respecto Carlos Fernández, titular de la entidad–. Ese es un derecho del ciudadano. No puede ocurrir que en cualquier kiosco de la ciudad de Buenos Aires se vendan drogas que incluso están prohibidas en todo el mundo».
La COFA publicó una solicitada que alerta sobre el riesgo que corre la salud de la población. «La existencia de mafias que comercializan medicamentos oncológicos, falsificados, adulterados o robados está asolando el mercado de los medicamentos y afecta gravemente la salud de la población», indica el documento. Asimismo, asegura que uno de los principales problemas es «la venta de fármacos en lugares no habilitados, incluyendo la distribución por correo e Internet, lo que pone en riesgo la vida de los argentinos. Creemos, como profesionales de la salud y como ciudadanos, que se debe poner fin a este verdadero atropello sanitario», concluye el comunicado. Según datos de la COFA, el año pasado circularon 50 millones de cajas falsificadas, adulteradas o robadas.

La salud y el interés

Haciendo un poco de historia, la venta de medicamentos fuera de las farmacias fue una de las tantas iniciativas desreguladoras que impulsó el gobierno de Carlos Menem al modificar por decreto la ley 17.565, que prohibía esta práctica. Mario Castelli, asesor de la Confederación Farmacéutica Argentina, adelantó que el proyecto que establece la derogación de este decreto, «del tristemente célebre Cavallo», contaría con el apoyo de los legisladores. «Esta ley es muy importante para la salud de los argentinos, este proyecto hace dos años que está en el Senado y, si no se aprueba pierde su vigencia. Es probable que, por primera vez, se priorice la salud de la gente por sobre el interés económico», asegura.
«Actualmente, no debe haber más de 20 proyectos que tienen media sanción de Diputados que se estancan en el Senado. Algunos son vitales, como la penalización de los medicamentos adulterados, falsificados o robados», confía Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. El diputado explica que la intención de la ley es «que lo medicamentos sólo se vendan en farmacias, porque el circuito de los kioscos es el lugar más común donde se canalizan los medicamentos adulterados y robados. Por supuesto, casi toda la industria está a favor, menos los doce laboratorios que tienen venta en kioscos, muchos de ellos muy importantes. No es lo mismo tener 13.000 farmacias como boca de expendio, que 100.000 kioscos». Además, agrega, «en muchas cadenas de farmacias, los medicamentos de venta libre están a disposición del público en las góndolas: con la nueva ley, sólo podrán suministrarse desde el mostrador, bajo responsabilidad profesional».
Para Begnis, circunscribir la venta de medicamentos exclusivamente a las farmacias permitirá frenar la automedicación, un tema colateral, pero no menos importante. El diputado agrega que «los delitos de adulteración y falsificación de medicamentos no están incluidos como tales en el Código Penal».
Pero además del control del expendio, también se estudia la sanción del control de la cadena de frío, la misma que se interrumpe cuando son sustraídos o se comercializan sin seguimiento. Para Begnis, «cuando la cadena de frío se pierde, el medicamento de torna inocuo o tóxico. La ley requiere que el fabricante incluya un “tester” que cambia de color si se pierde el frío».
Finalmente, la Comisión de Salud de Diputados también aprobó una Ley de trazabilidad, que identifica al fabricante, la droguería y la farmacia por donde pasa cada producto, prohíbe la venta entre droguerías y las obliga a comprar directamente a la industria. Esto permitirá hacer un rastreo más eficiente del producto.
De llegar a buen puerto las normativas en curso, se habrá iniciado un nuevo camino para el efectivo control de los medicamentos, poniendo límites a las estafas, en beneficio de la salud de la población.
«Todas las leyes que hablen de garantizar la cadena laboratorio-droguerías-farmacia-paciente, aseguran que los medicamentos ilegítimos y falsificados tengan poca cabida», afirma categóricamente Marcelo Peretta, presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, quien aporta además un dato alarmante: según estudios de la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención y Farmacéutica, 21.800 argentinos mueren cada año por causas relacionadas con medicamentos. Según el profesional, «el Ministerio de Salud tiene facultades para controlar laboratorios, droguerías y farmacias, y a los médicos y farmacéuticos, que son los cinco actores del medicamento. Pero no tiene facultades para controlar kioscos, supermercados, restaurantes, gimnasios y páginas web, que son todo un canal paralelo de venta ilegítima que distribuye no menos del 15% del total. De entrar en vigencia el proyecto de ley, se establecería una normativa que devuelva racionalidad al medicamento».

Un bien de consumo

Sin embargo, una de las preocupaciones del sector farmacéutico y bioquímico es la fiscalización del control, y cómo hacer para que se cumpla la ley: «El desafío luego será su cumplimiento efectivo y que existan penas duras para todos quienes saquen el medicamento del circuito de las farmacias», dice Peretta.
Muchos de los representantes del sector coinciden en identificar un cambio en el significado que se le otorga a los medicamentos. Después del decreto desregulatorio de Menem, el medicamento comenzó a parecerse a un bien de consumo más que un bien social. Ahora, dicen, es probable que la ley contribuya a corregir la situación.
Pero para Peretta, los cambios deberían ser aún más profundos: «El Código Penal establece que los delitos con medicamentos que ocasionen daño a la salud serán penados con cárcel, pero eso también habría que modificarlo, ya que en realidad no hay necesidad de que se llegue al extremo de causar daño. La adulteración y la falsificación de medicamentos debería penarse con cárcel, lo cual es otro desafío que tienen los legisladores».
Con una industria a favor de una nueva ley, con el aval de la cámara de Diputados y muchos legisladores de la Cámara Alta esperando dar su voto, ¿dónde está entonces la traba? Para Marcelo Peretta, «los grandes responsables de que la ley de Medicamentos no se sancione son los laboratorios. Además de las 12.000 farmacias que hay en la Argentina, tienen sumo interés en vender en los 65.000 kioscos, 25.000 supermercados, 3.500 gimnasios y 300 páginas web. En estos últimos 15 años, han multiplicado extraordinariamente sus puntos de venta mostrando que los laboratorios ven al medicamento como un bien comercial y no como un bien social. Esto ha desprestigiado a la industria farmacéutica, de la cual siempre estuvimos muy orgullosos». Y concluye: «Tendría que existir un código de ética para todos los empresarios de los medicamentos, de la misma manera que lo hay para los médicos y los farmacéuticos».

María José Ralli

SEÑALES 

No leerás a Derrida

Horacio Potel es un profesor de Filosofía de Lanús que nunca imaginó que se convertiría en protagonista de un caso de trascendencia internacional. Un juez de Instrucción acaba de resolver su procesamiento y dictar un embargo patrimonial de 40.000 pesos (su sueldo como docente es de 1.350) por haber difundido en Internet material de los filósofos Martin Heidegger y Jacques Derrida, infringiendo así la ley 11.723, de Propiedad Intelectual. La causa fue iniciada por la Cámara Argentina del Libro, pero en la denuncia intervino la embajada de Francia y la editorial Les Édicions de Minuit, que posee los derechos sobre la obra de Derrida. El acusado define a sus sitios como «bibliotecas públicas» que ponen a disposición de los hispanohablantes textos que no están en las librerías de América latina, o lo están a precios prohibitivos. «Es bueno que el fútbol no esté sujeto a monopolios. Es bueno que se luche contra los monopolios mediáticos, pero entonces es al menos justo que la filosofía también pueda ser pública y los interesados en la misma, independientemente del lugar en que nacieron y de su condición social, tengan acceso libre a ella», asegura Potel. La campaña de apoyo al profesor Potel ha recibido adhesiones de todo el mundo. «No permitamos que compartir libros y cultura sea considerado un crimen», aseguran los partidarios de la libre circulación del conocimiento.

Cortar el cordón

Hace menos de una década comenzaron a aparecer en nuestro país los bancos de células madre privados, que ofrecían el servicio de almacenar, después del parto, la sangre del cordón umbilical, para utilizarla en un futuro autotrasplante en el caso de que el bebé padeciera alguna enfermedad. Sin embargo, la probabilidad de necesitar un transplante autólogo se estima en 1 en 20.000 para los primeros 20 años de vida. Tampoco existen garantías de que la sangre almacenada sea apropiada para otro miembro de la familia o sirva para curar alguna enfermedad en particular.
Una resolución reciente del Incucai dispuso que, a partir de este año, las células madre provenientes de la sangre del cordón serán públicas, es decir, podrán ser utilizadas para trasplante por cualquier paciente. La norma, basada en recomendaciones de organismos de bioética nacionales e internacionales, fue resistida por los bancos privados, cuyos voceros la consideraron «arbitraria».
En el Hospital Garraham funciona, desde 1996, un banco de sangre de cordón y en 2005 se puso en marcha el programa público de colecta de sangre de cordón. Las maternidades habilitadas son invitadas a donar en forma desinteresada sangre que está a disposición de la población en general.

Una investigación realizada sobre la base de datos aportados por el Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), reproducida por el sitio Ecoportal, demuestra que la utilización de bolsas de materiales plásticos oxodegradables en reemplazo de las tradicionales es inconveniente ya que, con el tiempo, se convierten en plástico picado más un aditivo potencialmente tóxico y no existe consenso sobre su biodegradabilidad ni sobre su impacto en el medio ambiente. Sucede que al agregar a ciertos plásticos aditivos que los sensibilizan, la radiación ultravioleta proveniente del sol cataliza su degradación a fracciones cada vez menores. Por otra parte, hay dudas sobre la ecotoxicidad de aditivos, tintas, recubrimientos y adhesivos presentes en los artículos fabricados con estos materiales. A raíz de la confusión existente entre el concepto de desintegración y el de biodegradación, el IRAM ha resuelto conformar una comisión especial que establecerá cual es la terminología adecuada y qué organismo público certificará el carácter de los productos que se prohíban o habiliten.

El agua que falta

Una grave situación sanitaria es la que está sufriendo la población del norte de Salta debido al suministro limitado de agua potable que, además, en muchos casos, se encuentra contaminada. El problema afecta a más de 100.000 habitantes de las ciudades de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, General Mosconi, General Ballivián y a numerosas comunidades aborígenes que padecen temperaturas primaverales de 35 grados promedio y veranos de 40.
La Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSAySa) que tiene a su cargo la prestación del servicio público en todo el territorio de la provincia desde mayo de este año, recomendó a los usuarios «no consumir agua de red debido al escaso nivel de agua en el dique, producido por una reducción importante de los caudales del río Caraparí y el ingreso de algas a la planta».
Por su parte, el director del hospital de Tartagal, Jorge Rubén Tapia, afirmó que el agua de la zona no es apta para consumo humano y recomendó extremar las precauciones.
La empresa asegura que los permanentes cortes se deben a las purgas que se efectúan a través de la válvula de desagüe que permite intensificar el ingreso de agua desde el Caraparí al dique Itiyuro, pero los pobladores y algunos medios de comunicación los atribuyen a la falta de inversiones por parte de la compañía.